Inmigración y anarquía

Se dice que la libertad de mercado habría de implicar igualmente la libertad de circulación de personas, es decir, la libre inmigración. Dado que en las últimas décadas se ha producido una importante inmigración en los países europeos y en Norteamérica, así como una creciente globalización comercial a nivel mundial, parece que ambas tendencias, libertad de comercio de mercancías y libertad de movimiento de personas, habrían de ir necesariamente de la mano. Pero esto no es necesariamente así. Es más, puede argüirse desde una óptica de la libertad que ambas tendencias pueden basarse en supuestos contradictorios, al menos tal y como se han producido en las últimas décadas. No es que haya habido simplemente libertad de inmigración, sino que ha habido subvención a la inmigración, es decir, no ha habido libertad de mercado en ese ámbito, sino intervencionismo estatal. En primer lugar, porque los empresarios que contratan a inmigrantes no se hacen cargo de sus costes sanitarios y educativos (de los que disfrutan al menos en Europa), sino que cargan al resto de la sociedad con este coste. Por otro lado, los inmigrantes, junto al sueldo que reciben y a estos beneficios educativos y sanitarios, se ahorran el pago por el uso de las infraestructuras acumuladas en el país durante las últimas décadas. No asumen la parte alícuota que les correspondería del capital social acumulado.

Si consideramos a un país como un club en el que todos los socios pagan su parte o su cuota, los inmigrantes que llegan disfrutan de las infraestructuras acumuladas que han sido financiadas con impuestos de los nacionales. De este modo, si tuviéramos en cuenta las inversiones públicas en carreteras, hospitales, etc., y si considerásemos al menos un período de amortización de estas infraestructuras de treinta años; y sumásemos los costes anuales de mantenimiento; y todo ello lo dividiéramos entre el número de habitantes mayores de edad de un país, obtendríamos el canon de entrada que los recién llegados, en un entorno de libertad y no de coacción impositiva sobre el resto de los nacionales, quizás habrían de pagar y no pagan.

Quienes estuvieran a favor de la inmigración podrían, lógicamente, abonar a los inmigrantes las respectivas cuotas de entrada y permanencia en el país, así como sus costes anuales en sanidad y educación.

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